Wilson Ruiz Orejuela, nacido en Florida, Valle del Cauca, es un colombiano que defiende la justicia y la democracia con disciplina, esfuerzo y compromiso. Abogado, Doctor en Derecho y exministro de Justicia, ha dedicado su vida al servicio del país y a fortalecer el Estado Social de Derecho.
Wilson Ruiz Orejuela es abogado, jurista y servidor público con más de 25 años de experiencia en el Estado. Ha sido Magistrado, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y Ministro de Justicia y del Derecho, cargos desde los cuales tomó decisiones difíciles, firmó decretos, enfrentó estructuras criminales y defendió la institucionalidad.
No habla desde la improvisación. Habla desde la ley, la experiencia y el carácter.
Su historia comienza lejos del poder: fue vendedor ambulante, conoce la informalidad, el esfuerzo diario y la ausencia del Estado. Esa experiencia marca su forma de entender la política, hoy como promueve el orden con humanidad, autoridad con reglas claras y justicia sin ideología.
Cámara de comercio de Cali
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Cundinamarca
Wilson Ruiz Orejuela (nacido en 1967, en Florida, Valle del Cauca) es un abogado y jurista colombiano, Doctor en Derecho y Especialista en Derecho Administrativo, reconocido por su destacada trayectoria en el ámbito jurídico, académico y público.
Wilson Ruiz se graduó como abogado de la Universidad Libre de Cali (1994). Posteriormente obtuvo una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en convenio con la Universidad San Buenaventura de Cali.
Realizó estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca (España) y cursó los estudios avanzados del programa doctoral en Derecho Público en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde recibió el Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.).
En el año 2015, alcanzó el título de Doctor en Derecho en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, con una tesis calificada Summa Cum Laude.
Con una amplia experiencia en derecho público y contencioso administrativo, Wilson Ruiz ha desempeñado importantes cargos en el Estado colombiano, demostrando liderazgo, compromiso y profundo conocimiento del sistema jurídico.
Entre sus principales cargos se destacan:
Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia (octubre de 2020 – agosto de 2022).
Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (noviembre de 2012 – octubre de 2015), periodo durante el cual fue Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
Con más de 25 años de experiencia docente, Wilson Ruiz ha sido profesor universitario en programas de posgrado, maestría y doctorado, además de director de tesis doctorales en diversas instituciones de educación superior en Colombia y España.
Ha enseñado en reconocidas universidades como: Universidad Libre, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Universidad La Gran Colombia, Pontificia Universidad Javeriana – Cali, Universidad San Buenaventura, Universidad ICESI, Universidad Santiago de Cali, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid.
Su trabajo académico lo ha consolidado como referente en derecho constitucional, derecho disciplinario y ética profesional.
Es autor de 16 libros, de los cuales 15 abordan la responsabilidad del Estado y uno se enfoca en los derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento del pensamiento jurídico colombiano.
Wilson Ruiz se identifica con la línea política de centro-derecha, caracterizada por la defensa del orden institucional, la autoridad del Estado y la economía social de mercado. Su discurso une la firmeza frente al crimen con la lucha por una justicia despolitizada, una democracia sólida como garantía de convivencia y una economía reavivada con el sector privado como motor de oportunidades para los colombianos.
Su trayectoria lo proyecta como un referente nacional en materia de justicia, seguridad y fortalecimiento institucional. A corto plazo, busca consolidarse como una de las voces más sólidas de oposición jurídica y política frente al actual gobierno. A mediano plazo, su aspiración es convertirse en líder de una agenda de recuperación del rumbo de Colombia, que lo posiciona en escenarios de decisión nacional, ya sea en el Congreso o en un eventual proyecto presidencial de coalición.
Entre las órdenes de extradición firmadas destaca la de alias Otoniel: un golpe histórico al Clan del Golfo. Aunque este es un procedimiento de carácter administrativo, lo ejecutó con absoluto respeto por la autonomía de los jueces que evaluaron los procesos judiciales.
Presentó el proyecto de ley que buscaba reglamentar la prisión perpetua en Colombia para abusadores y asesinos de menores. Aunque la iniciativa fue tumbada por la Corte, marcó un precedente histórico al poner en el centro del debate nacional la máxima protección a la niñez.
Entregó más de 5.000 nuevos cupos carcelarios y dejó proyectados cerca de 9.000 adicionales. Así, logró una disminución histórica del hacinamiento carcelario, que pasó del 54,5 % al 16,7 % en 2021.
Su gestión dejó un hito legislativo con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que abrió paso al expediente digital, la firma electrónica y la autonomía de la Rama Judicial. También fortaleció plataformas como SUIN-Juriscol y LegalApp, facilitando el trabajo de jueces y abogados y acercando la justicia de manera más directa a los ciudadanos.
Después de 70 años, Wilson Ruiz reglamentó su funcionamiento, ampliando el acceso gratuito a la justicia y formando a nuevos abogados en autonomía judicial, ética y legalidad desde la academia.
Impulsó la creación de una herramienta que agiliza la ejecución de sentencias en el exterior, garantizando eficacia internacional a las decisiones de los jueces colombianos y evitando que quedaran en letra muerta.
Promovió su a utonomía territorial, su funcionamiento continuo y una financiación propia mediante estampilla, evitando su uso político por gobiernos locales y fortaleciendo la protección de mujeres, niños y adolescentes.
Señaló ante el organismo internacional la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y omisión dolosa por parte de Gustavo Petro al permitir la expansión de grupos armados ilegales, en contradicción con el Estatuto de Roma.
Denunció ante la CPI el hostigamiento, las amenazas y la su esquema de seguridad, evidenciando un reducción injustificada de patrón de persecución contra la oposición. Recordó que el caso de una práctica sistemática. Miguel Uribe no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática.
Pidió a la Comisión de Acusaciones indagar la carta sobre la salud de Petro, solicitando pruebas toxicológicas y psicológicas que aclaren su estado médico. Esto, debido a que la incertidumbre sobre el jefe de Estado genera inestabilidad política y erosiona la confianza ciudadana.
Solicitó a la Corte Suprema investigar a ambos exfuncionarios por tráfico de influencias a partir de los señalamientos de Luis Carlos Reyes, quien indicó prácticas que afectan la transparencia institucional.
Denunció ante la Procuraduría a los funcionarios que firmaron la consulta popular sin aprobación del Senado, defendiendo el respeto a la Constitución y al equilibrio de poderes.
Presentó ante el Consejo de Estado demanda de nulidad contra el Decreto 448 de 2025, que ordenaba detener operaciones contra las disidencias de las FARC-EP, calificándolo de inconstitucional y riesgoso para la seguridad nacional.
Solicitó investigación formal por promover la reelección presidencial, figura prohibida por la Constitución, tipificando posibles delitos de prevaricato por acción, perturbación al certamen democrático y constreñimiento ilegal.
Demandó al Ministerio de Salud y a la ADRES por no ejecutar recursos destinados a la atención primaria, advirtiendo que la inacción en medio de la crisis sanitaria pone en riesgo la vida de millones de colombianos.