Wilson Ruiz adelanta acciones legales y advierte que la propuesta de constituyente del Gobierno carece de viabilidad jurídica
COMUNICADO DE PRENSA
El exministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, presentó un derecho de petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y una acción disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de exigir el respeto por la Constitución, la legalidad y la neutralidad del Estado frente a la promoción de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente impulsada desde el Gobierno Nacional.
A través de estas acciones, solicita la copia íntegra del expediente de inscripción del comité promotor, información detallada sobre el mecanismo de participación utilizado, la verificación de los formularios de recolección de firmas, los topes de financiación y las medidas adoptadas para garantizar la neutralidad institucional. Asimismo, pide que se investigue la posible intervención indebida de servidores públicos y el eventual uso de imagen, recursos o personal del Estado en una campaña que se presenta como ciudadana.
“El país no puede aceptar que se juegue con la Constitución ni que se engañe a los ciudadanos con anuncios que no tienen sustento jurídico”, señaló Ruiz.
El exministro fue enfático en advertir que la propuesta de constituyente no tiene ninguna viabilidad constitucional ni legal. Recordó que la Constitución de 1991 establece un procedimiento estricto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que exige una ley del Congreso, mayorías calificadas y un pronunciamiento popular con umbrales definidos. “Las firmas ciudadanas no convocan una constituyente. Lo que se está presentando es una fantasía jurídica”, afirmó.
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Ruiz advirtió que este anuncio opera como una cortina de humo que desvía la atención de los problemas más graves que enfrenta el país. “Mientras el Gobierno insiste en un debate inexistente, Colombia vive una profunda crisis de seguridad, atentados en distintas regiones, fortalecimiento del crimen organizado y conversaciones confusas con estructuras criminales como el Clan del Golfo. Esa es la realidad que están tratando de ocultar”, sostuvo.
Finalmente, alertó sobre la ausencia de reglas claras y controles efectivos en el proceso anunciado y reiteró que la ley exige transparencia, topes de gasto, contabilidad y formularios absolutamente neutrales. “Cualquier utilización de la institucionalidad para promover una causa política no solo deslegitima el proceso, sino que compromete responsabilidades disciplinarias y legales para quienes he preparado un paquete de acciones jurídicas en defensa de la constitución”, concluyó.
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Salvación Nacional #20 | Senado
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